De todos es sabido que nuestro futuro depende de abordar profundos cambios en diferentes ámbitos: reforma del Estado para reducir los costes derivados de una administración claramente sobredimensionada en momentos de bonanza, reforma laboral que elimine las rigideces que provocan un nivel de desempleo superior al 20%, reforma sanitaria que garantice prestaciones adecuadas dentro de nuestras posibilidades, reforma financiera que consolide el proceso iniciado hace dos años…
Sin embargo, y sólo colateralmente, se habla de la necesidad de hacer llegar a nuestras empresas la adecuada financiación para que puedan crear empleo (o, al menos, dejar de destruirlo) y así contribuir a generar el crecimiento económico que nos permita pagar nuestra deuda y atender el Estado de bienestar. Y, créanme, ello no tiene por qué ser inherente a la reforma del sistema financiero. De hecho, hemos abordado un primer e intenso proceso de consolidación y saneamiento y el crédito sigue sin fluir.
Así lo refleja la última encuesta realizada por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y las cámaras de comercio entre más de un millón y medio de pymes españolas: el 88% manifiesta tener problemas para acceder a la financiación, el 36% ha visto reducida la financiación que disponían, para el 70% han aumentado los costes de financiarse y el 80% ha tenido que aportar garantías adicionales.
Así lo muestra también la información publicada por el Banco de España: el saldo crédito vivo concedido por las entidades financieras se ha reducido nada menos que en 85.000 millones de euros, desde el inicio de la crisis, lo que equivale a unos 2.500 millones mensuales de menor financiación.
Adicionalmente, y por si la escasez de financiación no era suficiente, el retraso en los pagos de las administraciones públicas, que en alguna comunidad autónoma ya superan los dos años, ha contribuido a consumir los escasos recursos de los que disponían muchas empresas.
Cuando hace unas semanas el Banco Central Europeo (BCE) aprobó la conocida como barra libre de liquidez, mediante la cual las entidades financieras obtienen financiación sin límite, hasta tres años, al 1% de interés, aceptando prácticamente cualquier colateral (garantía) presentada, muchos pensaron que ello contribuiría a incrementar la disponibilidad de crédito. Realmente, no ha sido así. Las entidades prefieren, obviamente, tomar prestado al 1% a tres años y comprar deuda pública a un plazo próximo, lo que les reporta actualmente un beneficio de aproximadamente un 2,50% sin riesgo, o bien mantener saldos de contingencia en el BCE. Ello, parcialmente, contribuye a solucionar los problemas de financiación de los estados, pero no de las empresas.
Es urgente implementar medidas para que el crédito fluya de forma razonable, para que las administraciones salden las deudas con las empresas y normalicen sus periodos de pago, dotando a nuestra economía de la sabia que necesita para su funcionamiento.
El jueves pasado, un viejo y querido amigo me recordaba lo bueno que sería poder reconstruir nuestro pasado, poder volver atrás para evitar los errores cometidos. Eso ya no es posible, por lo que sólo nos queda asumir las decisiones tomadas y emprender las medidas para sanear la situación. Aunque parezca increíble, todavía estamos a tiempo.