La normativa europea implica una readaptación por parte del sector financiero, que también tiene que asumir el proceso de digitalización, nuevos competidores y una demanda cambiante.
El sector financiero ha comenzado el año estrenando la nueva regulación de alcance europeo, la llamada Mifid II, que tiene como objetivo brindar una mayor protección al cliente a través de más transparencia y una mejor formación de los profesionales dedicados al asesoramiento, entre muchos otros aspectos. Para analizar cómo afectará al segmento de la banca privada, EL PERIÓDICO e Ibercaja organizaron el pasado viernes 12 de enero una mesa redonda en el Centro de Negocios Ibercaja de Barcelona.
Una cita en la que participaron Josep Soler, director general del Institut d’Estudis Financers (IEF); Montserrat Casanovas, catedrática de Economía Financiera de la Universitat de Barcelona y secretaria de la junta del Col·legi d’Economistes de Catalunya; Xavier Brun, portfolio manager en Solventis y director del máster en Mercados Financieros de la Barcelona School of Management de la Universitat Pompeu Fabra; e Ignacio Corominas, responsable territorial de Banca Privada de Arco Mediterráneo de Ibercaja.
Un primer análisis sirve para constatar que, precisamente la banca privada (aquella destinada a personas con un patrimonio por encima de los 300.000 euros), es la que menos se verá afectada por la nueva regulación, ya que aspectos como el trato personalizado y la transparencia con el cliente ya forman parte de su esencia, si bien tendrá que posicionarse en cuanto a si ofrece asesoramiento independiente o bien basado en productos propios. También tendrá que reformular los costes para el cliente, ya que Mifid II exige que ese asesoramiento sea de pago. La banca convencional, en cambio, sí que tendrá que llevar a cabo una mayor adaptación, aunque se corre el riesgo de que norma produzca los efectos contrarios a los deseados.